El Principado prevé destinar a innovación 454 millones en los próximos cuatro años
Estudia crear un nuevo organismo en el que participen entidades privadas y desde el que se canalicen todas las actuaciones
En su discurso tras la toma de posesión como presidente del Principado, Adrián Barbón dejó bien claros cuáles serán los pilares de la acción de su Gobierno: políticas de igualdad, demografía, empleo e investigación e innovación. Prueba de la importancia que el jefe del Ejecutivo asturiano da a estas áreas es que las dos primeras dependerán directamente de él en el organigrama que está perfilando y la creación de una consejería específica, la de Ciencia, Innovación y Universidad para acometer las políticas de I+D+i. Y es precisamente esta área a la que el presidente asturiano quiere dar un mayor impulso. Barbón quiere que Asturias sea una referencia en investigación e innovación y por ello se ha marcado como objetivo que al final de esta legislatura la inversión en I+D se eleve hasta los 454 millones de euros. O lo que es lo mismo, que el 2% del PIB asturiano (22.708 millones de euros) se destine anualmente a investigación e innovación.
El objetivo de dotar a la investigación con una inversión similar al 2% del PIB regional forma parte del programa electoral con el que Adrián Barbón ganó las pasadas elecciones del 26 de mayo. Un programa en el que participó de forma activa a quien el presidente eligió para ponerse al frente de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad: Borja Sánchez. Doctor en Biología e investigador en el IPLA-CSIC y amigo personal desde la infancia del presidente, fue quien diseñó las propuestas de ciencia del PSOE asturiano, donde ocupa también la presidencia del Comité de Ciencia de la FSA. Queda por ver la fórmula con la que se canalizará toda esta inversión. Y en estos momentos son varias las opciones que están en estudio.
Una de ellas, según pudo saber EL COMERCIO, sería a través de un organismo de nueva creación en el que participen la Administración y entidades privadas es una de las opciones que se están estudiando. Este organismo, según apuntan las mismas fuentes, podría depender también directamente del presidente, como es el caso del área de Igualdad o la comisión que se encargará de afrontar el reto demográfico. También se está valorando crear una dirección general específica para encauzar las actuaciones de I+D+i.
Segunda mitad de legislatura
Sea cual sea la fórmula que elija el Gobierno asturiano, la puesta en marcha de toda la infraestructura que permita desarrollar estas políticas llevará su tiempo. Según apuntan desde el Principado, lo primero es articular un decreto que fije quien se hace cargo de cada competencia. A ello se suma que los esfuerzos en la Consejería de Ciencia e Innovación en los primeros meses van a estar enfocados en racionalizar y ordenar los recursos y los gastos. «Después tocará sentarse con todos lo agentes para trabajar codo a codo con ellos. Y si finalmente se opta por la creación de un organismo competente en materia de innovación, no sería a corto plazo, sino que se pondría en marcha en la segunda mitad de legislatura», afirmaron a EL COMERCIO fuentes del Principado.
Desde el Ejecutivo se hace hincapié en la colaboración entre la Administración y los agentes sociales para impulsar la I+D+i en la región. Así lo puso de manifiesto el consejero de Ciencia e Innovación el pasado miércoles durante su participación en los cursos de La Granda. Borja Sánchez insistió en «intensificar» el trabajo entre lo público y lo privado y «agilizar la burocracia» para favorecer la investigación. Se trata de toda una declaración de intenciones del Gobierno. Una especie de tarjeta de presentación con la que el presidente del Principado recibirá mañana a los líderes sindicales y de la patronal asturiana, durante la reunión que mantendrán en la sede de Presidencia.
Alcanzar un nivel de inversión en I+D+i similar al 2% del PIB forma parte de los compromisos de la Estrategia 2020 de la Comisión Europea. Asturias, en este sentido, llega tarde, puestos que el objetivo de la UE es el de que la inversión en investigación e innovación sea idéntica al 3% del Producto Interior Bruto el próximo año.